Las limitaciones presupuestarias son muchas veces la causa principal de muchas barreras de acceso a la justicia. Esto es porque la falta de presupuesto genera que no se creen áreas especializadas, que no se capacite al personal administrativo y judicial, y que no haya personal suficiente para atender las demandas de las personas. Esta falta de recursos genera, además, retardo en las respuestas.