Gabriela cuenta que en la actualidad el sistema judicial está siendo ocupado por las empresas, que amedrentan a las y los defensores ambientales. Esto genera desconfianza en el Poder Judicial y en el propio Estado, que impulsa los proyectos que amenazan el ambiente. A su vez, cuenta sobre la desigualdad que implica la falta de recursos que tienen las comunidades en su región para poder llevar adelante estos procesos judiciales -que son largos, caros, y que requieren de gran producción de pruebas-, necesidades no están contempladas en el diseño del sistema judicial, lo que obstaculiza el acceso a la justicia. Por ello, como defensoras y defensores ambientales piden la creación de órganos especializados que se ocupen de la protección de los derechos de las comunidades y de la naturaleza.