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Nuestras propuestas

Aquí encontrarás las iniciativas clave para garantizar un acceso más justo y equitativo a la justicia en Iberoamérica. Estas propuestas abordan barreras como la falta de información, la distancia o las desigualdades sociales y culturales, con soluciones concretas y sostenibles para construir un sistema más inclusivo.

Para que no sea solo para ricos

Propuestas para derribar barreras económicas que obstaculizan el acceso a la justicia.

Implementar políticas que aseguren la provisión de asesoramiento y patrocinio legal gratuito en todo tipo de procesos para quienes no puedan pagarlo.
Crear centros de asistencia jurídica que estén cerca y al alcance de comunidades económicamente desfavorecidas (asentamientos informales, barrios populares, etc.).
Reducir las tasas y gastos que el Estado impone para iniciar procesos administrativos y judiciales, así como facilitar los requisitos y procedimientos para obtener los beneficios de justicia gratuita.
Para que la podamos entender
Propuestas para derribar barreras lingüísticas, idiomáticas y culturales que obstaculizan el acceso a la justicia.
Implementar políticas de lenguaje claro en todas las resoluciones judiciales, actos procesales, procedimientos e instancias judiciales o administrativas. Tanto para actuaciones escritas como en la oralidad.
Disponibilizar traductoras/es gratuitos en oficinas públicas, trámites administrativos y judiciales para toda persona que no hable el idioma oficial del Estado.
Asegurar la existencia de facilitadoras/es interculturales de las comunidades, para el acompañamiento de personas pertenecientes a comunidades indígenas en los procesos judiciales y/o procedimientos administrativos.
Implementar políticas de acceso a intérpretes así como sistemas de apoyo para la toma de decisiones y ajustes razonables para las personas con alguna discapacidad que así lo requieran.
Para que esté cerca
Propuestas para derribar barreras geográficas que obstaculizan el acceso a la justicia.
Desplegar oficinas geográficamente descentralizadas, incluyendo zonas alejadas de los grandes centros urbanos, que sean capaces de canalizar reclamos y peticiones de la totalidad de los organismos públicos dedicados a la atención de necesidades legales.
Incorporar canales digitales no excluyentes para la realización de todos los trámites y reclamos, tanto de la administración pública como del Poder Judicial, incluyendo el establecimiento de vías expeditas de comunicación y reclamos.
Implementar juzgados de paz -o equivalentes- como mecanismos para la prestación de servicios de justicia cotidiana en los niveles locales.

Para que no nos deje afuera

Propuestas para eliminar barreras físicas y de accesibilidad que obstaculizan el acceso a la justicia.
Asegurar la accesibilidad física y comunicacional, los apoyos y los ajustes de procedimiento que sean necesarios, tanto en los procesos administrativos como judiciales, para que las personas con discapacidad accedan efectivamente a la justicia.
Elaborar e implementar programas de alfabetización e inclusión digital para facilitar el acceso a las TIC a personas mayores, personas con menor nivel educativo u otros integrantes de grupos vulnerabilizados.
Implementar políticas de capacitación constante obligatoria para garantizar conocimientos y capacidades en las y los agentes estatales, que permitan dar respuestas adaptadas a las necesidades de los distintos grupos en situación de vulnerabilidad.
Para que cuente con perspectiva de género
Propuestas para eliminar barreras basadas en el género que obstaculizan el acceso a la justicia.
Crear espacios de formación, capacitación y sensibilización de funcionarias y funcionarios judiciales y administrativos, sobre los distintos paradigmas vigentes que surgen del marco internacional de derechos humanos y la perspectiva de género.
Incorporar el compromiso de considerar el impacto diferenciado en mujeres y disidencias a la hora de tomar decisiones, incorporando un enfoque interseccional.
Incluir compromisos para la conformación de Poderes Judiciales con criterios de diversidad y paridad de género, de tal forma que reflejen y representen la pluralidad social existente.
Poner a disposición sistemas de cuidados, asistencia y apoyo para que quienes tengan personas a cargo no se vean impedidas de realizar las gestiones administrativas y/o judiciales que requieran.
Para que no nos discrimine

Propuestas para eliminar barreras étnicas y raciales que obstaculizan el acceso a la justicia.

Reconocer y respetar los usos alternativos del derecho, así como la institucionalidad y los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, con criterios de pluralismo jurídico.
Prever peritajes antropológicos o pedidos a las autoridades o miembros de la comunidad que informen sobre las normas y prácticas propias de ese pueblo.
Asegurar la existencia de protocolos que delimiten la actuación policial bajo el principio de no discriminación.
Crear espacios de formación, capacitación y sensibilización de funcionarias y funcionarios judiciales y administrativos, sobre los distintos paradigmas vigentes que surgen del marco internacional de derechos humanos, en especial vinculadas a no discriminacion.
Para que no nos ponga trabas
Propuestas para eliminar barreras burocráticas que obstaculizan el acceso a la justicia.
Implementar políticas de simplificación de trámites y procesos, soluciones digitales y nuevas tecnología para que los trámites sean más sencillos y accesibles.
Asegurar la existencia, accesibilidad y confiabilidad de mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos con incentivos para su adopción respecto de las vías judiciales.
Diseñar, debatir e implementar reformas que tiendan a facilitar y modernizar la tramitación de las causas judiciales, simplificando etapas, reduciendo sus tiempos de duración y costos, facilitando el acceso a todas las personas.
Establecer procedimientos con instancias orales, en los que las personas cuyos derechos fueron vulnerados puedan participar activamente e interactuar en forma directa con las y los funcionarios a cargo.
Asumir compromisos para dar trámite efectivo a las peticiones ante el Estado de personas extranjeras o indocumentadas, evitando requerir obligatoriamente el documento nacional de identidad.
Para que no nos la haga más difícil
Propuestas para derribar barreras tecnológicas en el acceso a la justicia.
Elaborar e implementar programas de alfabetización e inclusión digital para facilitar el acceso y uso de las TIC a los grupos vulnerabilizados, reduciendo la brecha digital.
Mantener la oferta de alternativas analógicas, complementarias a las digitales, para cualquier trámite o proceso existente.
Para que sepamos qué y cómo pedirle

Propuestas para asegurar el empoderamiento jurídico, eliminar barreras de información y fortalecer las capacidades jurídicas de la población.

Brindar herramientas a las personas con el fin de que conozcan sus derechos y cuenten con las capacidades necesarias para acceder en forma efectiva a ellos.
Generar políticas destinadas a informar y educar a las personas a fin de que conozcan sus derechos.
Crear sistemas de asistencia jurídica formando a figuras intermedias que faciliten y acompañen a las personas en pos de la canalización adecuada de sus reclamos y peticiones para el ejercicio de sus derechos.
Para que ofrezca respuestas efectivas y oportunas
Propuestas para eliminar barreras de eficacia que obstaculizan el acceso a la justicia.
Impulsar reformas judiciales que permitan brindar respuestas más rápidas, reduciendo la complejidad de los procesos y procedimientos, así como sus plazos.
Asegurar la existencia de vías procesales idóneas (procesos de amparo o tutela, medidas cautelares, etc.) para brindar respuestas judiciales rápidas y efectivas, que permitan evitar o revertir vulneraciones a derechos de carácter actual o inminente.
Establecer mecanismos que resulten efectivos para garantizar el cumplimiento integral y oportuno de las decisiones judiciales.
Prever la existencia y ejercicio de procedimientos sancionatorios frente a la demora judicial, tanto a través de recursos como vías disciplinarias.
Implementación de vías administrativas que se adecúen para dar respuestas eficaces y oportunas frente a necesidades judiciales que requieran soluciones estatales en forma urgente.
Para que pueda abordar lo estructural
Propuestas para incorporar un enfoque estructural que permita la defensa de derechos colectivos y pluriindividuales.
Inclusión y regulación de acciones colectivas sobre derechos colectivos y pluriindividuales, como modo de participación de organizaciones, grupos y colectivos en el sistema de justicia.
Capacitación, difusión y promoción del litigio estratégico como una herramienta de transformación y empoderamiento social.
Con el objetivo de identificar reclamos individuales reiterados que sean en realidad un conflicto estructural para poder definir medidas y políticas generales que reduzcan el nivel de conflicto.
Para que cuente con recursos adecuados y suficientes
Propuestas para eliminar barreras presupuestarias y de recursos que obstaculizan el acceso a la justicia.
Establecer pautas objetivas y no discrecionales para la asignación de recursos suficientes destinados a las instituciones y las políticas a cargo de garantizar la tutela efectiva de los derechos.
Asegurar la asignación de personal suficiente y capacitado en forma continua para atender a las demandas y dar respuestas acordes a las problemáticas y estándares actuales.
Para que sea independiente y confiable
Propuestas para derribar barreras de confianza sobre las y los decisores de justicia.
Selección de funcionarias/os en base a su capacidad y conocimientos, incluyendo procesos competitivos para la selección de magistradas/os.
Garantizar que las y los jueces no puedan ser apartados de sus cargos salvo excepciones no discrecionales previstas en forma previa por ley.
Implementar medidas contra la intromisión de actores externos (del poder político, económico u otros) en el funcionamiento de los Poderes Judiciales.
Sancionar códigos de ética judicial, normas para la publicación de declaraciones juradas de funcionarios/as, y otras medidas para prevenir, investigar y sancionar la corrupción así como para detectar y gestionar los conflictos de interés en el sistema de justicia.
Realización periódica de auditorías para evaluar el desempeño judicial por parte de organismos especializados.
Para que nos escuche
Propuestas para que la justicia escuche las necesidades de las personas, brinde información y rinda cuentas.
Implementar instancias participativas en los procesos judiciales, por ejemplo audiencias públicas, tanto para las partes como para terceros.
Elaborar y publicar periódicamente relevamientos diagnósticos de las necesidades jurídicas de la población y permitan adaptar las políticas públicas de acceso a la justicia a la demanda de potenciales usuarias/os del sistema de justicia.
Sancionar legislación que garantice el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía en relación al funcionamiento del sistema de justicia y la publicación proactiva de información por parte de los sujetos obligados.
Ordenar la publicación y sistematización de sentencias dictadas, el acceso público a expedientes, y estadísticas de desempeño del poder judicial.
Creación de canales para quejas, denuncias e impulso de procesos disciplinarios por parte de la ciudadanía.
Para que no nos desproteja ni profundice el conflicto
Propuestas para prevenir la revictimización y eliminar barreras vinculadas a la seguridad que obstaculizan el acceso a la justicia.
Establecer medidas legislativas, políticas públicas y prácticas de justicia restaurativa en todas las fases del proceso, que tengan como objetivo garantizar los derechos y la reparación efectiva de las víctimas.
Promover el reconocimiento y la visibilización de la víctima en el acceso a la justicia, creando mecanismos y estándares para su protección efectiva.
Implementar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de ataque, amenaza o intimidación que puedan sufrir activistas y personas dedicadas a defender derechos humanos.
Crear mecanismos destinados a evitar la revictimización, e implementar sistemas de atención integral para víctimas y testigos.

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