A partir del estudio buscamos identificar los aspectos que podrían potenciar los alcances e impactos de la política de los CAJ en nuestro país y servir de referencia para el desarrollo de estrategias de este tipo en otros territorios.
Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, constituyen una red federal de servicios legales públicos que brindan atención legal primaria gratuita y se proponen mejorar la situación del acceso a la justicia de la población más desaventajada. Se trata de una de las políticas centrales en materia de descentralización y federalización del acceso a la justicia.
Junto a las organizaciones INECIP y CELS realizamos este estudio para describir y evaluar el funcionamiento, logros y agendas pendientes de la política de los CAJ. Para ello, durante 2020 y los primeros meses de 2021, realizamos una investigación cuali-cuantitativo, transversal y descriptiva, basada en fuentes primarias y secundarias. Durante 2021 realizamos un proceso de validación con actores locales y realizamos consultas con expertos y expertas internacionales a fin de contar con su mirada sobre el reporte.
El informe describe la política de los CAJ hasta diciembre de 2019. Contiene una historización de la política, que aborda los distintos esquemas de intervención a lo largo del tiempo, una descripción de su estructura organizativa, la dinámica de articulación y derivación con otros organismos del Estado, un análisis de las demandas que recibe de la población y los modos en que responde a las consultas. Asimismo, incorpora recomendaciones específicas para la mejora y ampliación de los CAJ. Las propuestas están vinculadas a la política de selección de casos, su organización interna, el sistema de dirección y supervisión, los vínculos con las redes estatales, sociales y otros sectores del Estado, el tipo de respuestas brindadas a la población, el seguimiento de los casos, la duración de las consultas, el apoyo tecnológico, el reclutamiento, formación y condiciones de trabajo del personal de los CAJ, el conocimiento del público de la existencia del servicio, el financiamiento de la política y la atención a usuarias y usuarios.
La investigación constituye un aporte para contar con un diagnóstico general sobre la implementación de una política destinada a garantizar el derecho de acceso a la justicia y brindar empoderamiento jurídico a las comunidades, así como para fomentar su expansión en nuestro país.
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