El 16 de diciembre de 2020, se llevó adelante una mesa de diálogo -virtual y abierta- sobre la situación del Acceso a la Justicia en Latinoamérica, con el objetivo de generar una discusión colectiva que contribuya a la elaboración de diagnósticos y recomendaciones respecto de las reformas necesarias para remover las barreras que obstruyen las posibilidades de las comunidades y grupos vulnerabilizados de resolver sus necesidades jurídicas.

Se presentó un informe sobre los impactos de la pandemia en el acceso a la justicia, y se buscó sentar las bases para un “Acuerdo Regional por el Acceso a la Justicia“.

La pandemia provocada por el COVID-19 ha profundizado aún más las desigualdades en América Latina, haciendo que los grupos vulnerabilizados se encuentren más afectados con el aumento de la pobreza y el desempleo, y con menor protección social y sanitaria. En este marco, los problemas de acceso a la justicia impactan de manera desigual y diferenciada en grupos, colectivos y comunidades en situación de vulnerabilidad. Si bien muchas de las problemáticas son estructurales, y por lo tanto, preexistentes a la actual emergencia sanitaria, a partir de ésta las desigualdades sociales, económicas, ambientales y políticas se han incrementado y visibilizado con toda intensidad.

A partir de esta mesa redonda de discusión, buscamos identificar las condiciones necesarias para acompañar, acelerar y potenciar los procesos jurídicos comunitarios, al igual que para aportar a los cambios institucionales, culturales y económicos que nuestros países deben realizar con miras a brindar un servicio de justicia adecuado, igualitario, oportuno, de calidad, accesible y eficaz. 

El contexto nos coloca en la necesidad de generar una discusión profunda sobre las reformas que son necesarias elaborar e implementar en la región para revertir y visibilizar las barreras que obstaculizan el acceso a justicia. En este sentido, es necesario contar con una hoja de ruta sobre cómo debe ser garantizado el acceso a la justicia en contextos de crisis y post pandemia y cuáles son las medidas más importantes que los Estados deberían adoptar para asegurar el efectivo ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 

La construcción de diagnósticos elaborados no ya sólo desde la perspectiva de quienes diseñan la oferta institucional estatal, sino desde la de quienes efectivamente interactúan con los servicios de la justicia y de quienes se ven impedidos/as de encontrar canales para resolver las necesidades jurídicas en cada uno de los países de la región, es un paso fundamental para reducir los déficits en materia de acceso a la justicia en la región.

El evento contó con las intervenciones iniciales de:

ACIJ: Presentación del Reporte de resultados de la Encuesta sobre la situación de acceso a la justicia en contexto de pandemia.  María Natalia Echegoyemberry 

CEJA: Desafíos para las reformas procesales en materia de acceso a la justicia. Marco Fandiño

DEJUSTICIA: Asistencia legal y tutela judicial efectiva. Dos condiciones para el acceso a la justicia. Cesar valderrama

DPLF: Qué modelo de magistradas/os se requiere para un efectivo acceso a la justicia. Úrsula Indacochea

FIMA: Acceso a la justicia para los DESCA. Experiencias desde el derecho ambiental. Gabriela Burdiles Perucci 

RED DE EMPODERAMIENTO JURÍDICO: Los derechos en manos de la gente. Luciana Bercovich