El día 29 de abril de 2019, en Mendoza se reunieron diferentes organizaciones de la sociedad civil, académicos/as, referentes barriales y comunitarios y funcionarios/as públicos de distintos organismos, para debatir sobre la factibilidad de implementar las propuestas de políticas públicas que contiene el Acuerdo por el acceso a la Justicia.
El “Acuerdo por el Acceso a la Justicia” es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y referentes de grupos desaventajados, que tiene por objetivo promover una agenda integral de reformas para garantizar un acceso igualitario a la justicia y hacer efectivos los derechos de la población, especialmente de aquellos grupos y/o colectivos en situación de vulnerabilidad.
El Acuerdo es un documento ampliamente consensuado con más de 80 organizaciones sociales del país y se constituye como una hoja de ruta en relación los procesos de reforma que son necesarios implementar para asegurar el acceso a la justicia y garantizar derechos
Se analizaron entre los y las participantes la factibilidad de implementar las propuestas que contiene el acuerdo en el ámbito local y provincial,se resaltó la relevancia que el documento implica para a exigibilidad de derechos.
La mesa de diálogo fue organizada por: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); OIKOS Red Ambiental, Centro de estudios prospectivos (CEP); XUMEK; FADE, Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina (AAAA) en el marco de la campaña Justice for All.
Estuvieron presente en la mesa de diálogo: el Dr. Marcelo Juan Zanettini, Director de la Carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso, María Natalia Echegoyemberry por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Agustín Sánchez Mendoza por OIKOS Red Ambiental; Gabriel Escobar Blanco por el Centro de Estudios Prospectivos (CEP); Lucas Lecour, Antonella Marino, Leandro Rodriguez Pons, Emilia Corral, Mercedes Duberti, Nushpi Mayhuey por XUMEK; Enrique Viale por la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina (AAAA), el Dr. Emanuel SALDI profesor de la Universidad de Congreso y relator del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza; Gabriela Martinez, Paola Fernandez de la Comisión de Mediación del Colegio de abogados de Mendoza; Julieta Lavarello, Integrante de las Asambleas por el agua de Mendoza; Federico Lorite del Movimiento Dignidad, Carlos Russo integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, grupo GAIA; Dr. Roberto Bataller; Miguel Mayhuay, Anahí Alancay personas de comunidades Queshua y Kolla; Dra. Cintia Coronel de la Comisión de derecho laboral del Colegio de Abogados, Valeria Chiavetta de la Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC); Directora Milagros Noli y Dolores Presas de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia; José Perlino, Julieta Rojas, Pablo Garciarena, Coordinador de la Agencia Territorial de acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal (MPF); Bruno de Pasquale del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJYDHN) y otros participantes de la sociedad civil.
Se abordaron los principales desafíos que debe afrontar el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para suprimir las barreras de accesibilidad a la justicia; se presentaron las propuestas de políticas públicas que de implementarse permitirían garantizar un a asistencia jurídica accesible y de calidad; las propuestas para mejorar la accesibilidad del poder judicial, tanto en lo relativo a las reformas de gestión como procesales. A su vez, se plantearon las propuestas para mejorar los mecanismos alternativos de solución de conflictos y se relataron propuestas locales; se destacó la necesidad de implementar políticas públicas que tiendan al empoderamiento legal comunitario y garanticen la plena participación social de la ciudadanía. Se mencionaron las propuestas de políticas públicas para las instancias administrativas.También se abordaron las propuestas de políticas públicas para la protección de grupos vulnerabilizados por acciones u omisiones del estado (por razones de género, situación de pobreza, situación etaria (NNYA, personas mayores); personas con discapacidad, migrantes y refugiados, pueblos indígenas, personas privadas de libertad. A la vez, que se difundieron las propuestas para asignar presupuesto suficiente, transparente y no discrecional y cómo puede la ciudadanía ejercer control para la gestión transparente. Además, se expusieron las propuestas para los y las trabajadores, en particular se expresó la situación de especial vulnerabilidad de las trabajadoras de casas particulares frente a todo tipo de violencias (económica, simbólica, institucional, física).
Fue mencionado la necesidad de que se inicien procesos de reformas, pero que éstas no pueden ser positivas, sino se acompañan de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía. Además se destacó la necesidad de generar instancias de coordinación interinstitucional por parte de las instituciones de la administración de justicia y otros actores estratégicos. Para ello, el “Acuerdo por el acceso a la justicia”, se constituye en una herramienta fundamental en manos de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.