Si bien la tecnología puede ser una aliada eficaz para reducir barreras de acceso a la justicia, su incorporación puede también crear nuevas barreras. La digitalización de los trámites sin alternativa analógica deja afuera a personas que no saben utilizar los medios tecnológicos (por ejemplo, ciertas personas mayores, así como de bajo nivel educativo), tanto como a quienes no poseen dichos medios producto de la brecha digital. Por ello, se deben crear programas de inclusión digital y de alfabetización, en conjunto con ofertas de atención presencial para poder realizar trámites administrativos y judiciales.